Ignacio Agramonte: patria, virtud y democracia

Por Emilio Barreto Ramírez

Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz

Cuentan que de visita en la casa de un patriota muy vinculado a la batalla de Jimaguayú, a Martí le pusieron en sus manos un pequeño frasco de cristal que atesoraba algo muy especial: un mechón de los cabellos de Ignacio Agramonte. A los pocos segundos de sostener el pomo, el Apóstol de la independencia cubana experimentó un ligero temblor, pero visible. Después confesó que tenía conciencia plena de la carga patriótica y virtuosa que constituía aquella reliquia.

Desde mucho tiempo antes de esa vivencia, Martí, públicamente, había enaltecido que si de patriotismo se trataba, era menester destacar de Carlos Manuel de Céspedes, la pasión; de Ignacio Agramonte, la virtud. Ambas se pueden constatar, nítidamente, en la carta que reproduzco debajo de estas líneas: una misiva enviada por el Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz a la Cámara de Representantes del Gobierno de la República en Armas. Agramonte la remitió desde La Matilde, el 9 de octubre de 1869, para impugnar una circular cuyo objetivo era el de prohibir el consumo del periodismo español en la República en Armas.

El virtuoso Agramonte muestra en esas líneas su irrebatible condición de hombre valiente y moderno: por ende, culto: vocacionado en primer lugar hacia el torrente político y humanista de la Revolución Francesa y después por el pulimento que le confirió a su personalidad política el estudio provechoso de la Licenciatura en Derecho en la Universidad de La Habana. En consecuencia, aquí se puede ver al patriota conocedor de la importancia que reviste la sabia generación de opinión pública para elevar la inteligencia de los colectivos sociales como sagaces discriminadores de información y para formar la ciudadanía, así como por extensión la institucionalidad: empeño posible únicamente desde la educación, como soporte de la cultura, para la formación de cada individuo en la ética, la moral y la cívica.

En Agramonte ha de palparse además un político que habría sido muy hábil en una Cuba constitucional y democrática. El lector podrá advertir el respeto del militar por la separación de poderes y la estructura de una esfera pública dinámica y vigorosa: capaz de darle cabida al debate de ideas vertido por medio de un periodismo absolutamente plural y sin el más mínimo resquemor en torno al adversario, desde el convencimiento de la necesidad de sopesar todas las perspectivas sociales y políticas. En Ignacio Agramonte ya se podía apreciar la plenitud del ciudadano propositivo que en el temprano siglo XX occidental ya había ascendido a la condición de sujeto social, tal y como llegó a definir el sociólogo francés Alain Touraine en su notable ensayo Crítica de la Modernidad.

Esta carta ha sido tomada de “Páginas Revisitadas” (compilación de Walter Espronceda Govantes), editada por Cuba Posible. Un laboratorio de ideas. La Habana, julio de 2017.

Carta a la Cámara de Representantes

Por Ignacio Agramonte y Loynaz

Conciudadanos Representantes del Pueblo,

El Gobierno Supremo de la República con fecha 30 de septiembre último ha dirigido una circular a los Jefes del Ejército Libertador, que dice así:

(Se transcribe la circular del Secretario de la Guerra número 236 fecha 30 de sieptiembre de 1869, la cual no aparece reproducida en el texto que nos ocupa.)

Como ciudadano cubano, haciendo uso del derecho que reconoce la ley fundamental de la República, acuso esa resolución ante la corporación que representa la voluntad del pueblo, de anticonstitucional, contraria a los principios que presiden a nuestro movimiento revolucionario e inconveniente a la par que ineficaz.

La constitución que hemos proclamado y que defendemos con nuestra sangre y a costa de tantos sacrificios, garantiza la libre emisión y el libre ejercicio del pensamiento y todos los derechos imprescriptibles del pueblo; y la disposición del Gobierno saltando por encima de la garantía constitucional lastima esos derechos, arrancando de nuestras manos los periódicos enemigos porque son veneno a que no se puede oponer el antídoto de refutaciones del Ejecutivo pues que este no tiene papel para publicarlos, como si solo el Gobierno supiera discernir lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, como si solo en él residiera la ciencia, y el pueblo viviera en eterna infancia conforme a la doctrina que sirve al despotismo y que tan conocida nos es porque la oímos durante cuatro siglos de boca de los opresores que combatimos. Ya pasaron para dicha nuestra y para bien del pueblo aquellos tiempos en que había cosas que no podían sernos conocidas, que no debían decírsenos, que no debíamos oír. Bajo esa predicación constante de la prensa española que ahora se quiere alejar de nuestros oídos, nos levantamos para sacudir el yugo sin que nos alucinaran sus mentidas promesas ni sus consideraciones falaces y esa predicación continua, cuando ha llegado hasta nosotros, resonando en los bosques y en nuestros campamentos, solo ha servido para excitar nuestro desprecio hacia los contrarios para más inflamar nuestro entusiasmo y robustecer nuestro propósito de morir antes que volver a arrastrar las cadenas del esclavo.

También es inconstitucional la circular a que me refiero porque sale de la esfera de acción del Ejecutivo por su naturaleza y caso de que fuera sostenible correspondería dictarla al Legislativo.

El Gobierno debe gobernar, debe hacer ejecutar las leyes de la Cámara, pero el Gobierno no legisla o mejor dicho, no debe legislar. Si lo hace quebranta la ley fundamental de la República, trastorna todo el orden establecido; todo orden liberal para marchar por el sendero del absolutismo.

¿Qué mal ha producido hasta ahora en nuestro ánimo la lectura de los periódicos españoles? Acaso no han sido ellos, los que diariamente nos dan a conocer las simpatías (…) de la prensa extranjera por las probabilidades de un pronto reconocimiento para la Gran República Americana, la retención en ella de las cañoñeras españolas y otras mil noticias del exterior? ¿Acaso no son ellos los que nos hacen saber los importantes esfuerzos del enemigo para ahogar el poderoso movimiento de la libertad; lo que más sirven para desprestigiar al enemigo cuando sus noticias y sus quijotescas declamaciones se comparan con la realidad de los hechos y los que nos pintan su rabiosa desesperación, el hombre y las crisis de las poblaciones en que viven encerrados?

O es que todo esto no nos interesa y debe solo llegar a conocimiento del gobierno porque a nosotros nos hace daño, o solo debemos saberlo por medio de él, para que él nos pinte los hechos a su antojo y llegue el caso de que nada le creamos. No; lo que hace daño al pueblo no es la luz sino la oscuridad, la ignorancia y el engaño: todas las aseveraciones del Gobierno nos pondrían en medio de nuestra carencia de recursos convencernos de nuestro poder y de nuestras fuerzas, como un número cualquiera del Diario de la Marina o de La Voz de Cuba.

Sin embargo, nuestro Gobierno sabio, paternal, no quiere que leamos esos papeles sin la correspondiente refutación del Ciudadano Secretario de la Guerra como se ve en la regla 2, esto es sin llevar la antorcha de su inteligencia y de su ilustración a las tinieblas que envuelven nuestra inteligencia porque parece que se ha heredado de los déspotas la máxima de que el pueblo se engaña fácilmente y se extravía con discursos y artículos de periódicos.

¿Quién de nosotros al encontrar un periódico español hoy, no corre presuroso a devorar sus páginas ávidos de noticias del enemigo porque nos convienen para mejor hacerle la guerra y palpitando el corazón de entusiasmo patriótico, adivinando en sus partes sus reveses, y entregarnos a nuestra burla sus mentidos triunfos? ¡Pues bien, quien tal hiciere en lo sucesivo, quien arrastrado por su laudable entusiasmo llamare al hermano para compartir esos sentimientos y esos regocijos, admitiese la ilustrada Cámara¡ Será juzgado como traidor y como agente del gobierno español. Esto es un absurdo; pero escrito está en la regla 3era.

Ya no es traidor el que traiciona, el que vende la patria: ya no es agente del gobierno español el que gestiona a favor de este, sino cualquiera de nosotros que oculte o circule un periódico español, aunque fuese el que anunciara que España se había hundido en el Océano, porque así se le antoja declararlo al Secretario de la Guerra.

Yo me atrevo a asegurar que tal disposición no será obedecida, que no encontrará apoyo en la opinión pública; que ningún tribunal de la República aplicará ese artículo 3ro., porque tal suerte cabe a las disposiciones injustas y absurdas.

¿Cuándo han dejado de leerse los libros y papeles prohibidos? ¿Cuándo las prohibiciones han dejado de aumentar su encanto? Siempre estas han sido ineficaces. ¿Y será posible que en medio de la guerra y de la efervescencia de las pasiones políticas, sea eficaz una disposición que prohíbe la lectura de los periódicos enemigos que dan a conocer o dejan comprender todas las circunstancias de este?

Consíderese como se quiera la disposición del Gobierno: es absurda e insostenible en todos los sentidos: ineficaz e inconveniente, en el terreno práctico; injusta, antifilosófica y anti-política en el especulativo y en el terreno constitucional doblemente ilegal porque presenta el fenómeno del Ejecutivo legislando, y porque conculca los derechos imprescriptibles de los hombres.

Por eso presuroso he venido a pedir como pido a la Cámara de Representantes, su condenación en el orden legal, esperando que se sirva disponer lo conveniente para que no se cumpla; así lleno yo un deber que me imponen la conciencia y la patria a la vez.

La Matilde, octubre 9 de 1869.